Ricardo Monreal Avila*


VIENE UNA TORMENTA PERFECTA


El próximo año no pinta nada bien. De hecho, empezó trastabillando. Una devaluación del 13% del peso frente al dólar, respecto a enero del año pasado; una caída del precio del petróleo de casi 50% en seis meses; la bolsa mexicana con rendimientos decrecientes; una tasa de desempleo que no baja del 4% de la población económicamente activa; una carestía del 15% de la canasta básica en dos meses; y por si fuera poco, la gasolina más cara de todo el continente americano: casi 14 pesos por litro, cuando en Estados Unidos está a 8 pesos, así de mal andamos.

Pero si la economía marcha mal, lo social se ve peor. Además de ciudades golpeadas por el crimen organizado, hoy tenemos el repunte de la inseguridad no organizada (asaltos en el transporte público, el robo a transeúnte en la calle, asaltos en cajeros automáticos, el robo de vehículo y el robo a casa habitación). Zonas del país donde hay toque de queda de facto desde las 9 de la noche, como en municipios del sur de Veracruz, en las carreteras de Tamaulipas, o en regiones de Michoacán y Guerrero donde hay síntomas graves de guerra civil irregular (vecinos contra vecinos, divididos por una calle, como en la Ruana, en tierra caliente, Michoacán). Y otras estados del norte, como Sinaloa y Chihuahua, donde existe la ley del monte, es decir, el cuerno de chivo y los escuadrones de la muerte.

De un lado tenemos un huracán económico y del otro un ciclón social, amenazando ambos con combinarse para generar la tormenta perfecta. El detonador de esa tormenta podrían ser las elecciones del primer domingo de junio próximo, done habrán de coincidir comicios para diputados federales en todo el país, con elecciones para gobernador en nueve entidades y elección de presidentes municipales en 1007 de los 2,434 municipios del país, además de poco más de 600 diputados locales. La conflictividad en el país podría subir de tono de manera preocupante.

¿Qué puede hacerse para bajar el riesgo de este panorama disruptivo y sentar bases para un escenario distinto más estable?

La revista Expansión del 19 de diciembre pasado, publica “siete propuestas para un México del siglo XXI”, elaboradas por dirigentes empresariales, investigadores, académicos y analistas políticos y económicos. Vale la pena hacer una revisión. Se basan en un punto: el combate a la corrupción y a la impunidad.

Son siete las áreas estratégicas a considerar:

1) Corrupción económica: en esta materia, tanto peca el que mata la pata como el que agarra la pata. No hay autoridades corruptas sin particulares corruptores. En ese sentido, es necesario sancionar y juzgar penalmente a las empresas y corporaciones empresariales que incurran en actos de corrupción económica. En ese sentido, es necesario introducir la figura de responsabilidad penal para las empresas, no sólo multas administrativas, de tal forma que sea posible disolverlas, clausurarlas, prohibirlas o hasta extinguirlas, dependiendo del grado de colusión.

2) Colmillos a la ASF: La Auditoría Superior de la Federación es capaz de identificar irregularidades en el ejercicio del gasto público, pero es incapaz de actuar oportuna y penalmente para castigar los desvíos comprobados. En este sentido, es importante dotarla de facultades y atribuciones para que actúe como fiscalía anticorrupción o para que proceda a presentar con fuerza ministerial esas pruebas ante un tribunal o ante la PGR. Para ello, es importante garantizar la autonomía e independencia de los órganos de fiscalización y procuración de justicia, eliminando su actual sesgo partidista o dependencia del Ejecutivo.


3) Contra la corrupción política: se proponen tres acciones para eliminar estas prácticas de corrupción. 1) Eliminar el manejo de efectivo de los gobiernos y bancarizar todas y cada una de sus erogaciones; 2) hacer públicas las declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de gobierno; 3) cartas públicas e informes de potenciales conflictos de interés en los que pudiera incurrir un funcionario, de acuerdo al cargo desempeñado.

4) Castigo en las urnas: Obligar a los políticos a que rindan cuentas. Un mecanismo es la reelección de legisladores y alcaldes. Ya existe, sólo que operará hasta 2018. El contrapeso a la reelección es la “revocación de mandato”, que se podría implementar a mitad del mandato de una autoridad electa. Otra medida es flexibilizar los requisitos para nuevos partidos e, incluso, para candidaturas ciudadanas, al margen de la partidocracia.


5) Sistema judicial: La impunidad es el combustible de la violencia y la inseguridad que azota al país. El sistema de justicia está rebasado en diversos ámbitos: tanto por la creciente demanda en los juzgados, como por lo lento de los procedimientos, como en la capacidad técnica y de recursos humanos calificados para esta función. Para ello se propone un rediseño y una reconstrucción del sistema judicial, a partir de los juicios orales, para hacer expedita la justicia, pero también se requiere eliminar algunas prácticas de abuso judicial, como la eliminación del arraigo y precisar los delitos de delincuencia organizada. De la misma manera, se necesita dar mayor claridad y certeza a la transición entre el sistema judicial tradicional y el nuevo con base en los juicios orales. La reforma del sistema de justicia en México no es sólo de crear nuevas leyes, sino de crear leyes que la gente acepte y considere necesarias, para que las cumpla y respete.

6) Policía honesta y profesional: No basta con desaparecer las policías municipales y crear 32 mandos únicos estatales. Si no se profesionalizan y se vuelve un servicio público de carrera, al margen de los vaivenes políticos y electorales, el problema de la corrupción seguirá y sólo cambiará de manos y de mandos. La profesionalización implica policías con nivel universitario o equivalente, con capacitación permanente en áreas jurídicas, criminalística, pericial, preparación física, derechos humanos y nivel salarial digno. No hay desaparecer de un plumazo a las policías municipales. Se puede fortalecer un sistema mixto, donde haya policías estatales y municipales capaces, funcionales e íntegros. En cambio, sólo desaparecer aquellos cuerpos municipales que fallen. La policía es “el Estado en la calle”, por ello debe ser un servidor que sirva a la ciudadanía y no que se sirva de ella.


7) Narcotráfico: Es un tema estrechamente vinculado con la seguridad pública y la procuración de justicia. el 60% de los reclusos por delitos federales es a causa del consumo o la distribución de mariguana. Hay una debate en el país sobre la conveniencia o no, el beneficio o perjuicio de la legalización del estupefaciente. Tanto para reducir la violencia y la inseguridad, como para su tratamiento como problema de salud pública. Sin embargo, dado que el problema de la inseguridad pública está ligado con el del narcotráfico y delitos colaterales (secuestro y extorsión), el debate sobre este tema no se puede soslayar. Es uno de los aspectos que deberán abordarse y decidir en el 2015.

En conclusión, sí hay opciones para tener un buen año 2015, lejos de la tormenta perfecta. Lo que no parece existir es visión, sensibilidad y destreza en el puente de mando para dar un golpe de timón y alejar la nave de lo que podría ser un hundimiento catastrófico.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
*Diputado Federal

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