Ricardo Monreal Avila*


¿MICHOACANAZO DOS?

Si camina como pato, grazna como pato y vuela como pato, lo más seguro es que sea un pato, dicta la sabiduría popular.

Lo que está pasando en Michoacán, con la aprehensión y arraigo de un exgobernador interino, un exdiputado federal y el anuncio de más involucrados “de diversos colores políticos”, tiene el sabor, el olor y la textura de un michoacanazo dos. Y si segundas partes nunca han sido buenas, esta reedición va que vuela para ser un bodrio de telenovela política. Todo ello, a pesar de que el responsable de la política en el país, el secretario de gobernación, Miguel Osorio Chong ya dijo que las acciones del actual gobierno federal son más sólidas que las desplegadas por el gobierno de Felipe Calderón. Pero vayamos por partes.

Hace casi cinco años, por estas fechas, el 26 de mayo del 2009, en la antesala de las elección federales intermedias del sexenio anterior, fueron detenidos en un operación simultánea y sorpresiva de la PGR, 38 funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, entre ellos 12 alcaldes, precisamente de la región de tierra caliente, hoy conocida internacionalmente por sus autodefensas.

Se presentó como el primer gran golpe a la “narcopolítica” en la historia de México y fue bautizado con el mote de “el michoacanazo”. Alcaldes y funcionarios fueron trasladados y arraigados en la Ciudad de México, y tras varias semanas de indagación todos y cada uno de los presuntos “narcopolíticos” fueron liberados por falta de pruebas.

Los señalamientos de ayer son muy parecidos a los de hoy. Vínculos familiares entre funcionarios e integrantes de la “familia michoacana”, reuniones entre ellos para conspirar en términos criminales, números de celulares cruzados entre funcionarios y presuntos delincuentes, conductas omisas de la autoridad frente a denuncias ciudadanas recurrentes, etc.

Los indicios más fuertes provenían de labores de investigación de la PFP, de denuncias ciudadanas anónimas y de los infaltables testigos protegidos. Parecía una indagación sólida. Sin embargo, las pruebas no convencieron a ninguno de los integrantes del poder judicial federal que conocieron del caso en diversas instancias, y 16 meses después todos los involucrados estaban libres “por falta de pruebas” y la mayor parte reinstalados en sus funciones.

El michoacanazo enfrentó a la PGR con el poder judicial, a las familias y vecinos de los municipios de tierra caliente y aceleró el proceso de descomposición que hoy se vive en la entidad.

Hoy parece que estamos en presencia del michoacanazo dos. Cambiaron las formas y los procedimientos (sin acciones espectaculares ni montajes mediáticos), pero con un guión similar: un político local relevante (nada menos y nada más que ex gobernador interino y secretario de gobierno en funciones), señalado por vínculos familiares de segundo grado con “La Tuta”, con quien se habría reunido en diversas ocasiones, y su número de PIN de la Blackberry en un directorio digital de otro líder templario, “Kike” Plancarte.

Si las pruebas convencen al juez y a las diversas instancias del poder judicial, tendremos un michocanazo mejor estructurado que el primero. Sería un michoacanazo con final judicial feliz.

Pero no se puede decir lo mismo en términos sociales y políticos. La intervención del 2009 no se tradujo en una reversión de la inseguridad en la región, por el contrario la disparó y abonó el terreno para las autodefensas.

La desarticulación y eliminación de los Templarios no es garantía de seguridad y estabilidad. Las autodefensas podrían ser el nuevo problema si no se definen quienes son ciudadanos auténticamente agraviados y con derecho a la legítima defensa, y quienes son lobos disfrazados de ciudadanos.

El michoacanazo dos, además de la detención de un presunto “narcopolitico” local (a diferencia de los 38 de la primera versión), implica el desarme de las autodefensas. Esta es la parte más complicada. Las gentes de las comunidades se resisten a entregar a sus armas, porque saben que aún están vulnerables a un reacomodo templario o al surgimiento de un nuevo grupo criminal desde las autodefensas mismas (la “familia michoacana” surgió como un grupo de autodefensa frente a los Zetas, que después terminó como verdugo de los michoacanos).

Si el gobierno federal considera que con la muerte de los principales líderes templarios y con el desarme de las autodefensas la seguridad volverá por sí sola a la entidad, se cometerá un error mayúsculo. Los templarios habrán sido reemplazados por un Estado Temerario. Faltaría lo más importante: la reconfiguración del aparato de justicia y de seguridad, así como la reconstrucción del tejido social.

El apremio para reconocer la extinción de los Templarios, el desarme de las autodefensas y el regreso de la paz y la seguridad en Michoacán por decreto, tiene más visos electorales que de política pública de Estado. A un año y medio de la próxima elección del maltrecho ejecutivo local, el gobierno federal no solo busca seguir tutelando la conducción política de la entidad, sino llevar la mano en la renovación del gobierno estatal.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
*Diputado Federal

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